Los planes generales de urbanismo son el instrumento de aplicación de normativa específica para los municipios españoles. Cada Comunidad Autónoma denomina de forma diferente sus planes generales de urbanismo, aunque esta discordancia se refiera al mismo significado. En Andalucía, Extremadura y Castilla y León se identifica como Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU); en Castilla-La Mancha, Plan de Ordenación Municipal (POM); en Madrid, Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, la legislación urbanística autonómica que define y regula el contenido de cada uno de los planes generales de urbanismo, tiene muchos más conceptos en común que discordantes. Si hablamos en términos generales, el contenido de los planes generales de urbanismo es similar en cada región española; esto se debe a que la forma de estudiar el territorio, de regular la actividad que se puede realizar en él, y de realizar un buen planeamiento urbano no depende de límites autonómicos sino de elementos físicos y parámetros socioeconómicos.
Todos los planes generales de urbanismo tienen en común un documento informativo y estudio del territorio según sus cualidades físicas, medioambientales, paisajísticas, etc., y cualidades demográficas, sociales, económicas, productivas e infraestructurales. A raiz de este documento de información se elabora un diagnóstico que sirve de análisis de las necesidades del municipio y permite redactar los planes generales de urbanismo. El documento urbanístico se compone de una memoria justificativa, unas normas urbanísticas y planos de ordenación. A partir de aquí los planes generales de urbanismo se complementan con documentos sectoriales que suelen considerarse anexos, que definen y analizan los distintos campos necesarios para definir el planeamiento urbano: arqueología, hidrología, hidráulica, protección histórica y arquitectónica, accesibilidad, medioambiente, acústica, etc.